Una docena de activistas iniciaron una huelga de hambre tras el fallo de un tribunal boliviano que permite el cambio de identidad y de género a los homosexuales pero no contraer matrimonio o adoptar.
“No somos ciudadanos de segunda”, se leía el miércoles en un cartel en el salón del Defensor del Pueblo en La Paz donde los activistas se instalaron para exigir al Tribunal Constitucional una “aclaración y enmienda” del fallo de ese tribunal.
“Nos han condenado a un limbo. Ningún tribunal puede quitar todos los derechos, puede limitar algunos derechos; por eso estamos pidiendo una aclaración, porque el fallo también nos niega derechos civiles, laborales y políticos" como postular a cargos electivos, dijo Tamara Núñez del Prado, adjunta del Defensor del Pueblo y activista. Otro grupo del colectivo LGBT sorprendió a la policía el miércoles e ingresó hasta la plaza donde está el palacio presidencial protestar por el fallo.
Los agentes desalojaron a los manifestantes sin mayores incidentes. El colectivo advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no es escuchada su demanda, que ha merecido el apoyo del Defensor del Pueblo. “Un fallo está negando derechos a un grupo que ya afronta una altísima discriminación”, dijo el defensor David Tezanos Pinto.
La decisión fue “sabia” para el sacerdote José Fuentes, secretario de la Conferencia Episcopal. Hasta ahora el mayor avance de la población LGBT era una ley promulgada el año pasado por el presidente Evo Morales que les permitía el cambio de nombre y sexo. Sin embargo, la norma fue apelada de inconstitucionalidad por algunos legisladores y grupos civiles vinculados a la Iglesia Católica y evangélica.
“Es una ley mentirosa porque era sólo para el cambio de nombre y sexo pero lo que pretendía en el fondo era el matrimonio entre personas del mismo sexo y eso es ilegal. El fallo del tribunal salva al matrimonio y a la familia y eso nos tranquiliza”, dijo a The Associated Press el portavoz del arzobispado Edwin Bazán.
El matrimonio entre personas del mismo sexo no es reconocido formalmente por la Constitución y fue la base de la demanda.
“La Constitución reconoce a la familia como núcleo de la sociedad constituida por un hombre y una mujer y eso es lo que está preservando el fallo”, según Bazán. Para el colectivo LGBT, la decisión “menoscaba los derechos ciudadanos y coarta toda aspiración a mejorar las condiciones de vida” de esa población.
Desde la vigencia de la ley, 72 personas cambiaron de identidad y género en sus documentos personales, según el Registro Cívico, pero se desconoce cuántos de ellos se casaron al amparo de esa norma.
La información sobre el matrimonio es privada y confidencial, según esa oficina gubernamental. El fallo del Tribunal Constitucional es inapelable, de acuerdo con la carta magna.
En el mundo, 23 países han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Sudamérica solo lo han reconocido Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil.
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